La Justicia investiga una denuncia por cobro de coimas en la UP II

Jueves 6 de diciembre de 2018
Por Daniel Villamea

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

Al testimonio de la pareja de un interno de la cárcel de Oberá que aseguró que le solicitaron dinero para obtener visitas íntimas con privilegios, el martes dos efectivos femeninos del Servicio Penitenciario Provincia (SPP) se presentaron ante la Fiscalía de Instrucción Dos y denunciaron una serie de maniobras que darían entidad a las sospechas sobre el cobro de coimas en la citada dependencia.
En la denuncia recepcionada por la fiscal Miriam Silke, una oficial y una subalterna que cumplían tareas en la sección visitas especiales de la Unidad Penal II brindaron un pormenorizado detalle de las actuaciones que realizaron al tomar conocimiento de las irregularidades.
Mencionaron que se cobraban coimas para obtener ciertos beneficios en el marco de las visitas íntimas, como también para evitar las requisas, cuestión que deriva en innumerables sospechas sobre el accionar de los implicados en el tráfico de drogas y celulares, entre otros elementos prohibidos en la cárcel.
Asimismo, aportaron los nombres de todos los jefes y directivos que habrían sido notificados apenas trascendieron las sospechas de cohecho.
Pero en respuesta al primer informe interno, las autoridades carcelarias decidieron el traslado de la oficial y la subalterna que notificaron la presunta irregularidad, lo que las motivó a recurrir a la Justicia para salvaguardar su situación profesional y familiar.
Argumentando “razones de servicio”, días atrás la primera fue asignada a la Unidad Penal V de Mujeres, en Posadas, y la segunda a la cárcel de Cerro Azul, según pudo establecer este medio con sus fuentes.
Respecto de la denuncia ante la fiscal Silke, la presentación se apoya en el testimonio verbal y registros telefónicos de Ana W., pareja del interno condenado José L. 

Las pruebas  
Según indicó la oficial en sede judicial, prestaba servicios en la sección visitas especiales y en determinada ocasión Ana W. le comentó que desde el mes de mayo una cabo del mismo sector “le pedía dinero para su alquiler a cambio de conseguirle más turnos de visitas íntimas y no requisarla cuando venía de visita”.
“Ese mismo día fueron informados el jefe de seguridad, subalcaide Julio Villalba, y el jefe de régimen, alcaide Norberto Parodi. También fue informado el subdirector, alcaide auxiliar Mariano Alonso, y lo mismo sucedió con el director, alcaide inspector Walter Javier Flores, cuando regresó de su licencia anual”, agregó.
En ese momento, las autoridades de la UP II iniciaron las actuaciones pertinentes, indicó la denunciante, ya que Ana W. contaba con las pruebas del caso y remarcó que no quería tener más trato con la uniformada que le habría pedido plata.
Días después, en el marco de una visita común, la misma mujer solicitó la posibilidad de un carero entre la cabo y el padre de ésta, quien también se desempeña en la UP II, puesto que ambos la “molestaban o acosaban por teléfono”, circunstancia que quedó asentada en el libro de Guardia del Sector B.
La pareja del interno aportó dos números de celulares con los cuales la habrían extorsionado, al tiempo que dejó su propio número y el de su hija, en el cual también recepcionaron pedidos de dinero para obtener beneficios en las visitas íntimas, según la denuncia.
Ante la fiscal, las penitenciarias dejaron asentado la necesidad de cotejar los mensajes de WhatsApp enviados por la sospechosa y su padre a Ana W., puesto que habría elementos para probar que “la extorsionaban, la acosaban, le pedían plata, ropa, etc”, mencionó la oficial en su testimonio.

Red de complicidades
En su edición del último domingo, El Territorio publicó en exclusiva detalles del caso que hasta entonces se tramitaba en el ámbito interno. Ahora, tras la denuncia penal del martes, el escándalo podría implicar a más actores de la Unidad Penal II.
Precisamente, luego de la publicación de este matutino la dirección de la cárcel ordenó tomar testimonio a los internos que gozan de visitas íntimas, al tiempo que relevó a la cabo apuntada por la denunciante.
Por su parte, en la continuidad de la instrucción la Justicia citará a las partes mencionadas en la denuncia, como también solicitará los libros de guardia y pericias sobre los celulares de los implicados.
“Todas las autoridades de la cárcel y del Servicio Penitenciario están al tanto de lo que sucedió en Oberá y lo único que hicieron fue sancionar a las personas que detectaron la irregularidad y dieron aviso, lo que habla de una importante red de complicidades”, mencionó una fuente.
Asimismo, hizo hincapié en la gravedad institucional del caso, ya que no sólo se habrían cobrado coimas para otorgar privilegios en las visitas íntimas, sino también para no efectuar la requisa obligatoria, con el riesgo que implica para la seguridad interna y externa. 

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