La Cámara Federal respaldó avanzar en la causa del Correo Argentino

Jueves 22 de agosto de 2019
La Cámara Federal respaldó ayer la investigación en la que fue imputado el presidente Mauricio Macri y en la que ya fueron indagados el ministro de Defensa Oscar Aguad, un funcionario, y dos abogados de la firma Correo Argentino SA, que perteneció a la familia del jefe de Estado.
Para entender el alcance de la resolución, hay que retrotraerse a las indagatorias realizadas por el juez federal Ariel Lijo a los abogados Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher, de la firma Correo; al ex ministro de Comunicaciones Aguad (hoy a cargo de Defensa) y a Juan Manuel Mocoroa (director de asuntos jurídicos de ese ministerio).
Las citaciones se cumplieron, pero las defensas de dos directivos de Correo Argentino había planteado una “excepción de falta de acción por inexistencia de delito”, la nulidad de las indagatorias y el sobreseimiento de sus defendidos.
Aseguraron que la cifra de $70.163.910.895 utilizada por la fiscal del fuero comercial Gabriela Boquín para graficar la quita que representaba la propuesta aceptada por el Estado nacional era “absurda”, resultado de un procedimiento “inédito”, marcado por “errores conceptuales y jurídicos”.
Según sostuvieron, “el valor de la deuda por cánones de Correo Argentino S.A. oscila entre 528.800.216,35 y 651.321.558,21  pesos, según la tasa de interés que aplique, y por ello “los porcentajes de la quita rondarían el 44% y el 54,5%, pero jamás el 98,87%, que parte de considerar que la deuda actualizada era de 70.163.910.895,10 pesos. 
Lijo rechazó el planteo. Las apelaciones llevaron el caso a la Cámara Federal. Ayer los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia entendieron que había que respaldar la decisión del magistrado y dieron un paso más: solicitaron que se determine si efectivamente el monto establecido por la fiscal Boquin es correcto, indicaron a Infobae fuentes judiciales.
“Se puede concluir que a esta altura del proceso existen versiones y pretensiones contrapuestas, cuyo tenor requerirá de la producción de los estudios correspondientes con miras a contestar los interrogantes planteados a raíz de las posiciones de las partes sobre los puntos en debate, para luego expedirse en alguno de los sentidos que prevé la ley”, se precisó en la resolución.
Lijo deberá orientar la investigación para determinar si hubo una “quita abusiva” de la deuda entre el Correo Argentino SA y el Estado, tal como lo afirmó la fiscal cuando se opuso al acuerdo. Ese entendimiento finalmente no se concretó y aún está siendo debatido entre las partes. Pero la intervención de la fiscal Boquin dio origen a la investigación penal que sustancia el juez Lijo y en donde el ex fiscal Juan Pedro Zoni imputó al presidente Macri. 

Anulan procesamiento de Julio de Vido y Ricardo Jaime

Julio de Vido, beneficiado por la revisión de la Cámara Federal de Apelaciones.
La Cámara Federal de Apelaciones anuló los procesamientos de Julio de Vido y Ricardo Jaime en la causa por el soterramiento del Sarmiento y en paralelo revocó la falta de mérito de varios empresarios, incluidos el primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra y Luciano Ghella. 
Esto no implica que los ex funcionarios no puedan volver a ser procesados. El fallo que dictaron los camaristas Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun especifica que el procesamiento es anulado por la falta de argumentos y la escasez de medidas de prueba tomadas por el juez a cargo, Marcelo Martínez de Giorgi. 
En la causa se investiga si hubo coimas de empresarios a funcionarios del kirchnerismo para obtener beneficios en el contrato del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, una obra que ganó en primera instancia Odebrecht, el gigante brasileño que pagó coimas en toda América Latina. 
En medio de los escándalos de corrupción, Odebrecht se declaró en quiebra.
Por otro lado abrió la puerta a que la justicia vuelva a investigar a los empresarios, que habían quedado con falta de mérito, lo que significaba en los hechos que no había elementos para avanzar judicialmente sobre ellos. 
En síntesis, lo que hizo la Cámara fue poner bajo la lupa la actuación del juez en el caso. La Cámara consideró que si la prueba en contra de los ex funcionarios era cierta del mismo modo debió haber sido analizada contra los empresarios, que según las investigaciones preliminares obtuvieron “provecho económico” y enriquecimiento “injustificado” por las decisiones de los miembros del Ministerio de Planificación.
“No fue éste un punto suficientemente tratado, pese a que, según alegan las partes acusadoras e imputadas, había prueba en uno y otro sentido (perjuicio económico / ausencia de ello). Es imposible entonces dar respuesta a las pretensiones que presentan las apelaciones, porque -también en derredor de esta cuestión- no hay argumentos susceptibles de ser revisados”, manifestaron los camaristas.

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